Militares españoles: una jubilación a dos velocidades genera controversia
El Ministerio de Defensa ha dado un paso adelante en el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo, una reivindicación largamente pendiente. Sin embargo, la medida, impulsada por Margarita Robles, ha desatado una tormenta interna al dejar fuera a la mitad de los efectivos. Un diseño que, lejos de generar consenso, ha encendido las alarmas entre las asociaciones profesionales.
El corazón del problema: el régimen de cotización
La raíz del conflicto reside en un detalle técnico, pero con consecuencias directas en los bolsillos de los militares: el sistema de cotización a la Seguridad Social. La propuesta de Defensa establece que el reconocimiento como profesión de riesgo solo se aplicaría a aquellos que ingresaron en las Fuerzas Armadas a partir de 2011, es decir, a los que cotizan bajo el Régimen General. Esto excluye a un contingente considerable, cerca del 50%, que aún pertenece a las Clases Pasivas.
La consecuencia es inaceptable para muchos: dos militares, desempeñando idénticas funciones y expuestos a los mismos riesgos en misiones en Irak, Líbano o cualquier otro teatro de operaciones, podrían acceder a la jubilación con condiciones radicalmente diferentes. Una disparidad que, según las asociaciones AUME, ASFASPRO y UMT, “rompe el principio de igualdad dentro de las Fuerzas Armadas”, una máxima que ya fue ratificada por el Tribunal Supremo en relación con los policías nacionales.
¿Qué implica este reconocimiento? En la práctica, la figura de profesión de riesgo permitiría la aplicación de coeficientes reductores que adelantarían la edad de jubilación sin penalización en la pensión, un beneficio que ya disfrutan otros colectivos como policías o bomberos. Una mejora que llega tras años de presión, precisamente en un momento de incremento de las misiones internacionales y, por ende, de los riesgos inherentes a la profesión.
La falta de diálogo, un agravante
Pero el alcance limitado de la medida ha ensombrecido este avance. Lo que más ha irritado a las asociaciones no es solo el contenido de la propuesta, sino también las formas en que se ha presentado. La ausencia de un debate profundo en los órganos de representación ha sido duramente criticada, generando un clima de desconfianza y resentimiento.
Las opciones sobre la mesa para solucionar esta fractura son varias: crear una “pasarela” entre regímenes de cotización, incrementar los haberes reguladores, o incluso permitir el pase voluntario a la reserva a los 58 años para oficiales y suboficiales. El tiempo apremia para encontrar una solución que evite una mayor polarización en las Fuerzas Armadas.
El proceso, además, es complejo y requiere informes técnicos, negociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la aprobación por parte del Consejo de Ministros. Aún queda un largo camino, y la implementación efectiva de esta medida podría demorar meses, incluso para aquellos que se beneficiarían de ella. La cifra habla por sí sola: más de la mitad del personal militar español se enfrenta a una jubilación con condiciones menos favorables, mientras el Gobierno se enfrenta a una creciente presión para rectificar este error.