La inteligencia artificial ya reduce acceso a la primera empleada
La era de la automatización y la inteligencia artificial ha llegado a la puerta de entrada del mercado laboral. Según el exministro de Hacienda británico Rishi Sunak, el impacto de la IA en los puestos de trabajo ya no es una previsión a largo plazo, sino una realidad tangible.
Los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral cada vez más desafiador
En una reciente entrevista en BBC Newsnight, Sunak alertó sobre la disminución de oportunidades laborales para los jóvenes y defendió la necesidad de adaptar la formación a esta nueva realidad. No se trata de una desaparición generalizada de empleos, sino de un cambio en los puestos de entrada que están empezando a reducirse.
La razón es estructural, ya que muchas de las tareas que tradicionalmente realizaban perfiles junior pueden ser asumidas ahora por sistemas de inteligencia artificial. Al final, eso reduce la necesidad de contratar para esos roles, lo que afecta de inmediato el acceso al mercado laboral y vuelve más difícil el primer escalón.
La advertencia de Sunak refleja una preocupación que empieza a consolidarse en gobiernos y empresas. La inteligencia artificial no solo cambia cómo se trabaja, también altera cómo se entra a trabajar. Y eso ya está en marcha.
La cuestión no es solo la pérdida de ciertos trabajos, sino lo que implica para quienes intentan acceder por primera vez al empleo. Los jóvenes dependen de esos puestos para adquirir experiencia, entender el entorno laboral y progresar. Pero si esas posiciones desaparecen o se reducen, el sistema se tensiona.
En su intervención, Sunak no solo señaló el problema, también planteó que la formación debe adaptarse a un mercado donde la IA ya forma parte del entorno productivo. Eso implica desarrollar habilidades que no compitan directamente con la automatización, como capacidades analíticas, pensamiento crítico o comprensión tecnológica.
La solución que propone Sunak es abolir las cotizaciones a la Seguridad Social y reemplazarlas por un impuesto directo sobre los beneficios empresariales. Eso constituiría una base imponible más amplia sobre la que el Estado pueda recaudar lo necesario para financiar el gasto social, sin necesidad de gravar el empleo.