Reforma laboral: ¿salud mental y exámenes médicos obligatorios al contratar?
La contratación laboral en España podría cambiar radicalmente. El Ministerio de Trabajo, impulsado por Yolanda Díaz, ha sacado a la luz un borrador de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, de aprobarse, obligará a las empresas a realizar exámenes médicos a los nuevos empleados, tanto físicos como mentales. Un giro significativo en la protección de la salud de los trabajadores, pero con límites y controversias.
Un cambio de paradigma en la prevención
Durante demasiado tiempo, las empresas han actuado a la defensiva, reaccionando a los problemas de salud laboral una vez que ya han surgido. La nueva propuesta busca, precisamente, invertir esa dinámica. La vigilancia de la salud ya no será un trámite posterior a la contratación, sino una parte integral del proceso, con evaluaciones periódicas y también tras periodos de baja prolongados, superando los seis meses de ausencia.
Pero, ¿cómo afectará esto a los trabajadores? El texto facilita el “autodespido con indemnización” y derecho a prestación por desempleo en caso de que la empresa no adapte el puesto de trabajo tras una baja, una medida que busca empoderar al empleado y garantizar su reincorporación en condiciones seguras.
Riesgos psicosociales: la salud mental en el foco
La reforma no se limita a la salud física. Una de las grandes novedades es la incorporación explícita de los riesgos psicosociales, la violencia y el acoso laboral en la planificación preventiva. Se espera la aprobación de un reglamento específico en este ámbito en un plazo de un año, lo que evidencia un creciente reconocimiento de la importancia de la salud mental en el entorno laboral.
La perspectiva de género y edad también encuentra cabida en el nuevo texto. Se tendrán en cuenta las diferencias antropométricas, biológicas y la exposición a la desigualdad para adaptar las medidas preventivas, reconociendo que los riesgos no afectan a todos los trabajadores de la misma manera.
Agentes territoriales: prevención para las pequeñas empresas
El borrador crea una figura clave: los agentes territoriales de prevención. Su misión es brindar apoyo a las empresas con menos de 10 empleados, que a menudo carecen de representación legal, revisando la documentación, sugiriendo mejoras y alertando sobre riesgos graves. Una iniciativa que busca democratizar la prevención y garantizar que incluso los trabajadores de las PYMES estén protegidos.
Además, se contempla la bonificación de la formación obligatoria en prevención para estas pequeñas empresas y la reducción de sanciones por pago anticipado y renuncia a recurrir, incentivando así el cumplimiento de la normativa.
La entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027, con posibilidad de prórroga para algunas partes del reglamento. Un horizonte temporal que, sin embargo, no disminuye la trascendencia de esta reforma, que podría significar un antes y un después en la protección de la salud laboral en España. La cifra que habla por sí sola: más del 70% de las bajas laborales están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos, un claro indicador de la necesidad de una prevención más proactiva y centrada en el bienestar del trabajador.