La jornada laboral de 35 horas semanales llega a la administración general del estado
Después de años de negociaciones y intentos fallidos, el Ministerio de Función Pública y los principales sindicatos han alcanzado un acuerdo que reducirá la carga horaria de más de 200.000 empleados públicos a 35 horas semanales.
Una medida que marcará un antes y un después en la organización del trabajo público
La medida, que entrará en vigor probablemente a partir de la segunda quincena de abril una vez publicada la resolución correspondiente, supone uno de los cambios más relevantes en la gestión del trabajo público en la última década.
La nueva jornada, que tendrá un cómputo anual de 1.533 horas, implica una reducción efectiva de dos horas y media sin merma salarial. En una primera fase, beneficiará a más de 220.000 funcionarios de la AGE, aunque su efecto puede extenderse progresivamente a otros ámbitos de la administración pública.
La aplicación no será automática, sino que dependerá de la negociación en las correspondientes mesas sectoriales de cada organismo. Esto introduce una flexibilidad necesaria para adaptarse a la heterogeneidad de la propia Administración, especialmente en servicios con necesidades operativas específicas.
La reducción de jornada deberá compensarse mediante mejoras en la eficiencia, redistribución de tareas o refuerzo de efectivos, garantizando la calidad del servicio público y la atención a la ciudadanía. Los sindicatos han insistido en la necesidad de nuevas ofertas de empleo público para evitar tensiones en la carga de trabajo, especialmente en un contexto definido por el envejecimiento de las plantillas públicas.