Gobierno y sindicatos en guerra: la oep de 2026 se congela por falta de datos
El Ministerio de Función Pública se enfrenta a un muro de rechazo por parte de CCOO, UGT y CSIF en relación a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. La falta de transparencia y la insuficiencia de las plazas propuestas han detonado una crisis en la negociación, poniendo en jaque el plan del Gobierno para reforzar la Administración General del Estado.
Una negociación sin números: la crítica sindical
Tras una reunión tensa en la Mesa General de Negociación, los sindicatos han manifestado su profunda descontento. Denuncian que la propuesta gubernamental, liderada por Óscar López, se ha construido sobre una base de datos inexistentes, carente de cifras concretas y, sobre todo, de transparencia. La situación no es nueva: la oferta de 2025, con 36.588 plazas, incluyendo casi 27.000 para la AGE, fue rechazada por la misma razón, al considerarse un 8,8% inferior a la del año anterior –un récord absoluto con más de 40.000 plazas.
Ahora, el Ministerio se limita a anunciar una “similitud” con la oferta pasada, sin ofrecer detalles adicionales. Esta actitud, según UGT, constituye una “negociación sin datos ni garantías”, impidiendo una valoración rigurosa de la propuesta y vaciando de contenido cualquier posibilidad de diálogo constructivo.
Presión demanda por la regularización de inmigrantes y la jornada de 35 horas
El rechazo sindical se ve agravado por la coyuntura actual. La regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha generado una presión sin precedentes en organismos clave como Extranjería, Seguridad Social e Interior, expone las vulnerabilidades de la Administración. Además, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, que también afectará al sector público, exigirá un refuerzo de personal para mantener los niveles de servicio. Como señala Javier Arauz, abogado, los funcionarios se enfrentan a un escenario que requiere medidas urgentes.
CSIF acusa al departamento de “ocultar la oferta de empleo público” y reclama información detallada antes de la aprobación en Consejo de Ministros. La situación se complica aún más por la acumulación de OEPs pendientes de ejecución, incluyendo 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de promoción interna de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. La caducidad de la OEP de 2023 en julio, que implicaría la pérdida definitiva de estas plazas, añade una capa de urgencia a la negociación.
Plazos urgentes y compromisos cuestionables
A pesar del bloqueo, el Ministerio ha anunciado medidas concretas, como la solicitud de informes obligatorios a los departamentos que no hayan cubierto el 75% de las plazas en sus procesos selectivos y la revisión del acuerdo de promoción interna. No obstante, la falta de avances en la OEP principal genera escepticismo entre los sindicatos. El Gobierno se ha comprometido a convocar las OEPs pendientes en un plazo de dos meses, un plazo que, según los sindicatos, carece de credibilidad considerando los reiterados retrasos previos.
En definitiva, la OEP de 2026 se convierte en un símbolo de la desconfianza entre el Gobierno y los trabajadores públicos, con un impacto directo en la estabilidad y la calidad del servicio público.